En las últimas décadas es usual referirse al análisis o aplicación del derecho desde diversos enfoques. Entre ellos, el enfoque de género ha cobrado gran importancia, por diversas razones. En primer lugar, por el importante rol que cumple el derecho en la vida de las personas y en la organización de las sociedades y el Estado. En segundo lugar, por los compromisos nacionales e internacionales de los Estados ?entre ellos el peruano? que buscan responder a los desafíos de la igualdad y no discriminación, con respuestas efectivas desde el campo del derecho. En tercer lugar, porque se constata que la discriminación estructural contra las mujeres es un problema público que requiere de la adopción de medidas adecuadas, también, desde la esfera jurídica.

Asimismo, el Perú cuenta con una Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada mediante decreto supremo 008-2019-MIMP, que constituye el marco de política pública para abordar las causas y efectos de la discriminación estructural contra las mujeres y en cuyo cumplimiento el derecho tiene un papel clave.

Los estudios sobre el enfoque o la perspectiva de género, desde sus inicios, denunciaron la existencia de sistemas jurídicos (normas, instituciones, operadores del derecho) que no solo han obviado, sino que han reforzado relaciones basadas en la exclusión y discriminación, especialmente en contra de las mujeres, entre otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ello tiene como consecuencia la persistencia de la desigualdad y la discriminación contra la mitad de la población y la normalización de situaciones de injusticia para las mujeres.